El sembrar verdad y justicia nos permitirá cosechar reconciliación

Hace 23 años (1998), fue asesinado brutalmente Monseñor Juan José Gerardi, en la ciudad de Guatemala; dos días después de presentar el informe de la Iglesia “Guatemala nunca más”, sobre la violación de los DDHH y genocidios perpetrados en el conflicto armado en el país (1960-1996).  Este conflicto que duró unos 35 años, donde el pueblo empobrecido e indígena puso la mayor cuota de víctimas, entre desaparecidos, asesinatos selectivos, secuestros, torturas, exiliados y genocidios. La violencia se dio en lo rural y lo urbano, en el mundo universitario, sindical y profesional; también, afectando directamente a los pueblos indígenas en su cohesión, identidad y tranquilidad como sociedad organizada en sus territorios.

Los perseguidos, los asesinados y desaparecidos, no son solo la huella dejada por este conflicto, sino las heridas individuales y la desintegración del tejido social que permanece en la nación. La causa que genero este conflicto, fue como los otros países de América Central, la injusticia, impunidad y despojo realizado por las élites oligárquicas y las transnacionales conquistadoras de los territorios, estas, en alianza con la institución del ejercito militar del país. Por tanto, por razones de justicia, de recuperar la memoria histórica y de restablecer la dignidad a las mayorías afectadas, es que se realizan los trabajos investigativos de la memoria histórica.

La memoria martirial de Monseñor Juan José, este año, se da en el contexto de la celebración de los 10 beatos que la Iglesia reconoció, llamados “beatos del Quiché”.

El martirio no es un hecho que lo deseamos o lo aplaudimos como algo bueno en sí; el mártir es expresión de un sistema injusto, de estructuras de muerte y estrategias asesinas, es muestra de un Estado fallido en cuanto, que en lugar de proteger a su pueblo soberano, sus instituciones como el Ejército, lo asesinan, sus políticas lo empobrecen y sumergen en la opresión. El mártir, nos muestra que existe una clase política aliada al poder económico de la oligarquía que despoja a las mayorías.

Desde nuestro ser cristiano, como discípulos y discípulas de Jesús, que seguimos las bienaventuranzas del maestro, nos viene el cuestionamiento como Iglesia servidora del Reino de Dios en la sociedad y pueblos, sobre algunas prácticas que todavía mantienen de manera oficial. Una de ellas, es que la Iglesia como institución sigue teniendo relación oficial con los ejércitos militares, esto por medio de un clérigo que se denomina “capellán”.

No es posible que los clérigos trabajen de manera remunerada o se realice una actividad mediada por un contrato con la institución acusada de violación de los Derechos Humanos (DDHH) y genocidios, y que aun en la actualidad siguen impunes, sin que se haga justicia a las víctimas. Mucho menos es aceptable que “un obispo” sea el “obispo castrense”.

Monseñor Gerardi, los beatos del Quiché, como tantos otros mártires cristianos de este conflicto en Guatemala, son testigos que nos motivan a seguir denunciando este sistema injusto con sus causas que generan muerte, a ser voz con el mismo pueblo organizado y a actuar proféticamente en defensa de las mayorías empobrecidas. Estos días celebramos que el crucificado es el Resucitado, que vive en el Pueblo de Dios. Desde la fe cristiana, no podemos aceptar pasivamente que hayan “crucificados” a causa de los sistemas y estructuras establecidas por la oligarquía, los políticos y los ejércitos represivos en nuestros países, por eso proclamamos en nombre de las víctimas: ¡Guatemala Nunca Más!

René Arturo Flores, OFM

Historia – su vida

 

Juan José Gerardi Conedera nació en la Ciudad de Guatemala, 27 de diciembre de 1922 fue hijo de Manuel Benito Gerardi y Laura Conedera Polanco de Gerardi, quienes tuvieron 4 hijos en total, siendo Juan José el segundo.

A los 12 años ya estaba decidido a ser sacerdote, por lo cual ingresó al Seminario Menor. Terminó los estudios de filosofía en el Seminario de Guatemala y con una beca, finalizó sus estudios de teología en el seminario diocesano de Nueva Orleans, Estados Unidos. Su ordenación sacerdotal se llevó a cabo en la Catedral Metropolitana de Guatemala el 21 de diciembre de 1946.

En su vida como párroco, sirvió en lugares del interior del país durante los siguientes 20 años. Al final, esta experiencia le llevó a conocer más de cerca la vida de los indígenas en el área y de la pobreza. Así decidió que su prioridad era trabajar con los indígenas y, junto a los agentes de la pastoral, organizaron la liturgia en lengua q’eqchi’. También impulsó cursos de catequesis en la población.

Durante las situaciones terribles que las comunidades sufrieron durante el Conflicto Armado Interno en Guatemala, el Monseñor Gerardi acudió a un Sínodo de la Familia en el Vaticano. Al regresar, se le negó la entrada al país. Sus intervenciones no eran bien vistas por el Gobierno guatemalteco de la época. Eventualmente encontró refugio en Costa Rica, donde siguió siendo el Presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala.

Pudo regresar al país en 1982 y en 1984 fue nombrado Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala y también fue párroco dela iglesia de San Sebastián.

Monseñor Organizó y dio inicio al proyecto Recuperación de la Memoria Histórica —REMHI—. La intención era conocer la verdad del conflicto en Guatemala por medio de testimonios. Así el Informe contenía  el Impacto de la violencia, de 310 páginas; Los mecanismos del horror, con 233 páginas; El entorno histórico, con 373 páginas y Víctimas del conflicto, con 544 páginas.

El 26 de abril de 1998 es una marca en la historia guatemalteca, Monseñor Juan José Gerardi – que alzó el mensaje de «El sembrar verdad y justicia nos permitirá cosechar reconciliación» – fue asesinado.

Desde aquella fecha, año tras año, la comunidad católica y el Arzobispado lo recuerda con diferentes actividades religiosas, presentando su vida, sus enseñanzas y su compromiso por denunciar la inequidad en Guatemala. Las ofrendas florales en su memoria son frecuentes.

“Este año tiene una especial remarcación ya que el día 23 de abril se realizó la beatificación de 10 mártires de Quiché, tres sacerdotes españoles y siete laicos, entre ellos un niño, por lo tanto monseñor fue pastor y obispo de la diócesis de Quiché, donde le tocó conocer la realidad de este pueblo, donde muchas personas fueron perseguidas, pero hubo especial saña contra religiosos de la Iglesia Católica y por eso queremos recordad la memoria de tanta gente que murió en el conflicto armado interno ”, dijo Nery Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.

El asesinato

Monseñor Gerardi presentó el 24 de abril de 1998 el informe “Guatemala nunca más” ; Recuperación de la Memoria histórica (Rehmi). El documento denunciaba atrocidades del Ejército durante el conflicto armado interno.

Dos días después, en la noche del 26 de abril de 1998, fue brutalmente asesinado a golpes, en el garaje de la casa parroquial de San Sebastián de la ciudad de Guatemala. La identificación se logró solo luego del reconocimiento del anillo episcopal en su mano.

Su cuerpo fue descubierto por el sacerdote Mario Orantes, que compartía la parroquia con el obispo y quien sospechosamente demoró horas en dar aviso del asesinato a la fuerza pública, asegurando no haber oído nada fuera de lo común esa noche. Las indagaciones médicas comprobaron, por una fractura en el dedo, que el obispo había intentado repeler el ataque.

Surgieron varias hipótesis sobre el hecho, como que había sido crimen pasional o político, delincuencia común, o que Balú, el perro del sacerdote Mario Orantes, lo había atacado. Los dos primeros sospechosos fueron Orantes, ya que mandó a lavar la escena del crimen y no avisó a las autoridades sino horas después, y la empleada de casa particular, Margarita López, por encubrimiento.

Tras la investigación fueron señaladas como sospechosas 17 personas, 12 militares y cinco civiles.

Investigaciones

Las declaraciones del sacerdote Mario Orantes, posteriormente, serían erráticas y contradictorias. Las inconsistencias y la negligencia en la investigación empezaron en la escena del crimen: en cintas de video de la escena del crimen aparecía el fiscal analizando la presunta arma del delito sin guantes y caminando sobre evidencias. Las muestras forenses se enviaron al laboratorio en recipientes sin sellar. Se comprobaría que el órgano de inteligencia militar llamado Estado Mayor Presidencial alteró la escena del crimen, concertando imposturas que distrajeran la atención pública.

El asesinato constituyó un desgaste enorme para la administración del presidente Álvaro Arzú Irigoyen; a comienzos de mayo de 1998, la ODHAG (Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala), tras investigaciones, suministró el número de licencia de un vehículo que en el registro alusivo resultó estar al servicio de una base militar, la base de Chiquimula, que había sido visto por un testigo identificado, un taxista que luego sería secuestrado y tendría que salir al exilio, habiendo dado vueltas reiterativas el automóvil alrededor de la parroquia la noche del crimen. Así, se vincularon los nombres del coronel retirado Byron Lima Estrada (otrora comandante de la base militar de Chiquimula) y de su hijo, el capitán Byron Lima Oliva, suscritos al EMP (Estado Mayor Presidencial, el órgano de inteligencia militar), quienes, según la ODHAG, estaban aparentemente relacionados con el asesinato por una serie de información fundada que trascendió al poco tiempo, como anónimos que decían provenir de fuentes castrenses, testimonios presenciales, llamadas telefónicas con acusaciones, entre otras. Curiosamente, los registros del vehículo en archivos estatales desaparecieron después de que fuera divulgada la relación con los militares.

La comisión que la presidencia de la República organizó para investigar el crimen, negó que el coronel retirado tuviera relación alguna con el caso y decidió no investigar al capitán Lima. El Gobierno, que había insistido con parcialidad cuestionable en que el asesinato se debía a un crimen común, no político (o si político, realizado para desprestigiar al gobierno) disolvió la comisión en julio de 1998.

El 22 de julio de 1998, el padre Mario Orantes fue detenido por la policía por su complicidad en el asesinato.

Una campaña constante e intensa de desinformación prosiguió, que aumentaría aún al proseguir la investigación con complicidad palmaria de miembros de la fiscalía cuyo comportamiento dejaba entrever infidencia en el caso, por lo menos hasta el cambio de dirección de la investigación que comenzó a mediados de 1999. Sobre todo, la campaña de bulos continuaría al dictarse sentencia por el asesinato.

Tras la muerte de monseñor Gerardi, miembros de la ODHAG (Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala) fueron sometidos a vigilancia esporádica por parte de desconocidos y recibieron amenazas anónimas por teléfono. Un agente de inteligencia militar, Jorge Aguilar, testificó que vio al acusado Byron Lima y otras tres personas vestidas de negro en las instalaciones del EMP momentos después del asesinato y vio en el estacionamiento de las instalaciones del EMP un vehículo que coincidía con el que el taxista describió. El vestuario y el número de personas coincidirían con los testimonios rendidos en el juicio. Más contundente aún, Aguilar revelaría que todos los presentes en el edificio del EMP fueron advertidos de callar acerca de cualquier hecho ocurrido la noche anterior al asesinato.

Fallo judicial, pero el caso sigue abierto

Tras más de cien testigos, folios documentales y pruebas periciales, el 8 de junio de 2001 el poder judicial estableció la existencia del delito de ejecución extrajudicial en la persona de Juan Gerardi y responsabilizó, en calidad de autores mediatos, al coronel retirado Byron Lima Estrada, al capitán Byron Lima Oliva y al ex especialista del ejército y también agente del EMP José Obdulio Villanueva y, en calidad de cómplice, al sacerdote Mario Orantes Nájera. Villanueva, allegado al entorno del EMP y de Lima Oliva quien purgaba cárcel por un asesinato pero el día del crimen contra el obispo otros reos lo vieron salir de la prisión.

El fallo judicial dejó abierto el curso para procesar penalmente a los miembros de la cúpula de poder del Estado Mayor Presidencial activa en abril de 1998. Los fiscales y jueces enfrentaron serias amenazas y aún, varios de ellos debieron exiliarse. Al extremo de que una de las titulares de la judicatura que conoció el caso fue amedrentada con la explosión de una granada en su residencia. Asimismo, los testigos fueron presionados, habiendo atentados en contra de la mayoría de ellos.

Sería determinante el testimonio de Rubén Chanax Sontay, un ex agente militar que afirmó haber sido informante de los servicios de inteligencia del ejército de Guatemala y cuya formación militar podía ser comprobada en los fichajes del ejército. Había sido contratado para vigilar a Gerardi desde dos años antes del asesinato, habiéndose mimetizado entre los indigentes que pernoctaban en el parque ubicado al lado de la iglesia donde residía el prelado. Según Rubén Chanax, que luego saldría al exilio, la escena del crimen fue alterada por dos militares para confundir la acción de los investigadores.

Custodiado por escoltas armados y amparado en un programa de protección de testigos a cargo de la fiscalía y sobre todo, de la cooperación internacional (MINUGUA), Chanax declaró ante el tribunal.

Según relató, la noche del crimen vio salir a Byron Lima sin camisa de la casa parroquial de San Sebastián. Luego, un vehículo recogió a Obdulio Villanueva, quien llevaba una cámara de video.

“Me ordenaron que entrara al parqueo de la casa parroquial. Allí estaba monseñor Gerardi tirado en el suelo. Me ordenaron que arrastrara el cadáver y lo cambiara de posición. Luego, Villanueva me dijo que llevara papel periódico para limpiar el piso.” Dijo Rubén Chanax

La sentencia en primera instancia, acogida con aprobación tanto nacional como internacionalmente, se consideró un importante referente concretado en el proceso de fortalecimiento del estado de derecho y en la lucha contra la impunidad, pues fue la primera sentencia contra elementos castrenses en un tribunal civil en la historia del país. Interpuestos múltiples recursos para embrollar el proceso y que pretendieron provocar retardo litigioso, las apelaciones relativas fueron desestimadas.

El caso continúa abierto, El 19 de octubre de 2,017, la viuda del Capitán Byron Lima, Alejandra Reyes Ochoa, en primera declaración del denominado caso Caja de Pandora, que se reprodujo ante la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, revela que Byron Lima, dos meses antes de morir, le confesó que el fallecido alcalde capitalino Álvaro Arzú lo envió para alterar la escena del crimen del asesinato de monseñor Juan José Gerardi en 1998.

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